Para conocer más sobre la Ley Nº 26.270 de Biotecnología , La Brújula de la Semana se comunicó con la investigadora del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Carla Poth. “Se trata de una ley sancionada en 2007, pero que no había sido reglamentada. Genera una gran cantidad de beneficios para las empresas vinculadas a la biotecnología”, precisó.

Al realizar un balance, explicó que es necesario revisar los objetivos de la norma. El primer objetivo es promover la inversión privada en el desarrollo biotecnológico, que en Argentina se verá en la producción de semillas alteradas, el mercado de conocimientos tecnológicos más ponderado.

Un segundo objetivo es desarrollar conocimientos en relación a la creación de mercados. “El contexto en que esto empieza a discutirse tiene que ver con el fuerte desarrollo del modelo agrario en el país. Esta expansión encontró un límite, el Estado hizo una evaluación de eso y descubrió que había una necesidad de innovar el conocimiento en semillas transgénicas”, expuso la especialista.

La ley apunta a generar beneficios para promover la inversión empresarial, mientras busca fortalecer las relaciones entre la investigación pública y la privada. Sus dos ejes son la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en la compra de bienes de capitales.

Si bien la norma “no fue implementada, se avanzó en distintas medidas que iban de la mano, como la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyo titular Lino Barañao se encargó de generar convenios de coinversión entre entidades públicas y privadas”. “El Estado se encargó de poner dinero en el desarrollo de la investigación de biotecnología”, remarcó.

Este tipo de acuerdos se ven en otros países, donde lo más costoso del proceso de investigación lo solventa el Estado (los sueldos y los marcos regulatorios). Por su parte, las empresas realizan inversiones respecto a equipos y maquinarias, que pasan a ser parte de su capital privado.

El problema con las garantías es que el Estado termina perdiendo, ya que las ganancias se las llevan las empresas en los primeros años del desarrollo de esos conocimientos. Hoy en día existe un proceso de innovación constante que hace que en cinco años la tecnología empiece a ser obsoleta, cosa que cuando le toca al Estado percibir beneficios ya pasó su tiempo de venta.

“Una de las primeras consecuencias que tiene esta ley es la privatización del conocimiento, son los investigadores del espacio público investigando para las empresas. El Estado ha puesto en los últimos diez años una gran cantidad de dinero en el desarrollo de tecnologías agrarias”, señaló Poth.

Por último, alertó que este modelo está matando a las personas de las regiones agrarias; porque no solo contamina el ambiente, sino que ha cambiado las formas de morir en el agro. Y sostuvo que esta ley viene a consolidar el desarrollo de un modelo de producción del conocimiento que sólo promueve la ganancia de las empresas.

La entrevista completa en La Brújula de la Semana.