La situación de los pueblos originarios se instaló en la agenda mediática y política hace casi dos meses, tras la represión al pueblo mapuche por parte de Gendarmería y la posterior desaparición de Santiago Maldonado el 1° de agosto pasado. Existe una política de hostilidad desde el gobierno nacional hacia los pueblos originarios, que viene de la mano con el asunto territorial. Es que la mayoría de las comunidades están asentadas en territorios apropiados por grandes empresarios de todas partes del mundo.

A mediados de septiembre debía prorrogarse la Ley Nº 26.160, de Emergencia Territorial. En su columna en La Brújula de la Semana, Darío Aranda explicó los alcances de esta norma: “Tiene dos puntos importantes, uno que ordena relevar los territorios de las comunidades indígenas del país con la participación de las mismas. Y otro punto es que ordena al Poder Judicial suspender los desalojos en estas mismas comunidades”, precisó.

Aunque la ley establece plazos, estos no se han respetado: “En teoría, en tres años debía terminarse ese relevamiento, obviamente que nunca se terminó y por eso fue prorrogada dos veces durante el kirchnerismo. Ahora vence en noviembre y todo indica que el Congreso Nacional no lo estaría prorrogando, lo cual es quitar un paraguas jurídico muy importante que tienen los pueblos indígenas”, explicó el especialista.

En ese sentido, destacó que “un informe de Endepa (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) indica que en provincias como Salta, Jujuy, Chaco, Neuquén y Formosa que concentran el 65% de las comunidades indígenas, solamente fueron relevadas el 5%”. En cuanto al deber de proteger a las comunidades de los desalojos, resaltó que “rara vez los jueces y fiscales los frenan”.

El Estado en beneficio de las empresas

Algunos estudios comprueban la falta de cumplimiento de esta norma: “Un informe de Amnistía Internacional, que está trabajando en base a datos oficiales, dice que en Argentina hay 1.532 comunidades, de las cuales solo 459 fueron relevadas; o sea, el 30% de las comunidades del país”, expuso Aranda. Y agregó: “Si cae la ley, como todo indica que va a suceder, el 70% de las comunidades van a quedar huérfanas de relevamiento”.

Si bien en 11 años la norma avanzó muy poco y “es una ley incompleta en cuanto a que no le da la titulación de las tierras a las comunidades”, resulta importante su prórroga. De lo contrario, las comunidades quedarían a merced del avance de las políticas represivas que protegen a los grandes terratenientes. “Ya es grave la situación territorial con las empresas mineras, petroleras y sojeras avanzando, sin esta ley, van a quedar más al descubierto”, sentenció.

La negativa de Senadores

El 7 de septiembre pasado debía tratarse la prórroga de la Ley Nº26.160 en la Cámara Alta, pero los partidos mayoritarios decidieron que esto no suceda. “Pino Solanas (Proyecto Sur) y Magdalena Odarda (ARI), quisieron tratar sobre tablas esta ley, para que sea prorrogada por otros cuatro años. Pero el Partido Justicialista, el Frente Para la Victoria, el PRO y la Unión Cívica Radical cerraron filas; dijeron que no la iban a votar y la mandaron a comisión”, detalló.

Los argumentos de algunos senadores dejaron en claro la falta de compromiso con la protección de los derechos de las comunidades originarias. “Ángel Rosas (UCR) quien gobernó la provincia de Chaco y tuvo distintas acciones contra los pueblos indígenas, dijo que 'esta ley ha demostrado que no es la solución, entonces hay que revisar, no sirve prorrogar porque sí'. Obviamente, lo que quiere decir es que es mejor no tener nada”, enfatizó el columnista.

Esta postura reafirma la idea de que el reclamo de las comunidades no es escuchado. Otro de los que justificó la negativa fue Miguel Picheto (PJ), “quien llegó a decir que esta ley aviva conflictos como los que suceden en Chubut con Lof Cushamen y Benetton; una línea similar a la de Patricia Bullrich (ministra de Seguridad de la Nación)”.

Respecto al accionar de los legisladores, Aranda subrayó que “para algunas acciones como para el extractivismo, no hay diferencias por parte de los grandes partidos políticos; y para legislar a favor de los pueblos indígenas muchos votaron por la negativa y en otros se abstuvieron, que es lo mismo que votar por la negativa”.

La lucha de las comunidades originarias

Ante este panorama, los pueblos originarios están en alerta: “En octubre habrá una concentración en Buenos Aires, ya están movilizados en las provincias; obviamente que necesitan y exigen el cumplimiento de esta ley. No es la ley más perfecta, pero hoy suma para la lucha de los pueblos indígenas”, recalcó.

Por otra parte, refirió al comunicado que emitió el cacique diaguita de Tucumán, Marcos Pastrana: “Hizo un análisis muy sentido, con muchísima sabiduría. Remarca que pasan los gobiernos, los funcionarios, pero la política de Estado, a pesar de los distintos colores políticos, apunta a desalojar a las comunidades indígenas. Y habla de un plan sistemático para desaparecerlas, con todo lo que significa esto para nuestra historia”, lamentó.

Para cerrar, cuestionó “la hipocresía política de algunos sectores como el PJ y el Frente Para la Victoria”. “Se han mostrado solidarios con la desaparición de Santiago Maldonado y contra la represión al pueblo mapuche, pero cuando tienen que legislar en beneficio de los pueblos indígenas miran para otro lado; y lo que hacen es darle vía libre al extractivismo en los territorios”, remató.

La columna completa en La Brújula de la Semana.