María Esther Medina, personal de limpieza.

Forma parte del personal del Sanatorio hace dos años: “Soy mucama y estoy trabajando en negro, sin un contrato, sin nada. Me llamaron un día, vine y nunca firmé nada”, relata. Habla del conflicto con la preocupación que genera ser un sostén en su familia, que espera por una solución positiva: “Seguimos acá en la lucha, primero parecía que no pasaba nada, pero con el correr de los días cuesta, porque necesitamos el dinero. Día a día lo vamos llevando adelante como podemos. Recibimos donaciones, hicimos el fondo de lucha para recaudar y poder llevar dinero a nuestra casa, porque estamos sin cobrar. Yo tengo tres nenas y me afecta demasiado”.

También se muestra desilusionada con la forma de actuar del gremio, porque “nunca dijo nada”. “Fuimos a una audiencia y así como llegamos nos tuvimos que volver, porque lo apretaron al delegado, le querían pegar entre todos, no querían que esté. Después, nos quisieron dar un bolsón de mercadería que no lo recibimos. Ese fue el único contacto que tuvimos con el gremio”, lamenta.

El futuro parece incierto, pero no abandonarán el reclamo por sus derechos. “Más allá de seguir acá, tenemos que  buscar otra cosa porque el cinturón empieza apretar y uno no se puede quedar con esto”, reflexiona por último.

Ricardo Nery Dosko, delegado

Hace cuatro años que trabaja en el Sanatorio. “Estoy en la parte de admisión de internación y en la recepción de pacientes para consultorios”, precisa. Y cuenta que el conflicto es de larga data: “La empresa no nos venía haciendo los aportes sociales, la obra social la teníamos por un acuerdo de contraprestación con la obra social de SANCOR. Veníamos con diferencias salariales, con bonos que no se pagaban y empezamos a discutir en las asambleas con los compañeros sobre este problema”.

El principal problema comenzó cuando “la empresa se fue expandiendo a cinco unidades de negocio, con la plata que agarraba sólo de dos”. “Todo el dinero que usaba para expandirse, ya sea al Saladillo, a Bermúdez, a San Lorenzo, lo hizo con el dinero de los trabajadores. De hecho, los médicos hace un año y medio que no cobran, que se les entregó cheques sin fondos”, afirma el trabajador.

Además, asegura que la empresa Medicina Ambulatoria Sociedad Anónima (MASA), que maneja Eduardo Paquez, “tiene muchísimos cheques devueltos, es una empresa que ya está quebrada”. “No sólo veníamos manifestando nuestra disconformidad con la forma de pago, sino que también teníamos una falencia en el área de recursos humanos. Llegado mayo vimos que la empresa en lugar de levantar, reducía las prestaciones. En julio no cobramos el sueldo, desde febrero ya nos habíamos quedado sin obra social”, detalla.

“En lugar de buscar una salida, la empresa siguió acrecentando sus deudas. Ni siquiera se presentó a las audiencias en el Ministerio de Trabajo, que fueron guiadas por ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad), por gente del Ministerio y la abogada de Eduardo Paquez. Ellos negociaban dentro de cuatro paredes la posibilidad de que Paquez se vaya en una retirada tranquila, después de todo lo que se robó. Preferían negociar con privados, sin importarles los puestos de trabajo”, cuestiona con dureza.

A su vez, critica la actuación del gremio: “Recibí varias amenazas, pero la última colmó la paciencia de todos los trabajadores que fuimos amedrentados en el Ministerio. Incluso, una compañera fue golpeada por decir que queríamos defender las fuentes laborales y que esto es un problema político y social”. Las amenazas también provinieron de la patronal: “Mandaron gente a apretarnos, por suerte los pudimos sacar de encima”.

Para los trabajadores, el conflicto “es algo que trasciende” al centro de salud. “Se empezaron a acercar organizaciones políticas, centros de jubilados, vecinales y estuvimos hablando con todo el arco político de la ciudad. Esto con voluntad se puede lograr, tenemos la estructura, los trabajadores, los elementos para arrancar”, afianza.

La clínica cumple un rol importante en la ciudad, de allí la expectativa de los trabajadores sobre el accionar del gobierno: “Acá se atendían unos 7.500 jubilados del PAMI, al igual que otras cápitas que hemos tenido con otras obras sociales. Hoy tienen la oportunidad, tanto el gobierno provincial como el municipal, de ampliar la salud pública, de tener un servicio más cercano a lo que es un tercer nivel, teniendo Terapia Intensiva con tomógrafo, resonador, quirófano y un montón de otros artefactos. Hoy si te agarra un ACV o te golpeas la cabeza, te tienen que derivar a un hospital de Rosario”.

Respecto a la intervención estatal, Ricardo afirma que todo ha quedado en promesas: “Desde el gobierno local dijeron que apoyarían la posibilidad de gestionar una estatización o un PAMI 3. Creemos que la única solución es la estatización, estamos en una ciudad que tiene a más del 50 por ciento de la población sin obra social. Si esto se salva con un efector privado, la gran masa poblacional va a tener que seguir concurriendo al hospital”.

El día a día resulta cada vez más duro: “Tenés la familia detrás que por momentos te empuja, por otros te dice 'bueno ya está, dejalo’. Es lo que le ha pasado a varios compañeros, que salieron a buscar otra cosa. Son estrategias con las que juegan las patronales, para sacarse el personal de encima y negociar con otro privado”, admite. Y remarca que el conflicto le generó “discusiones dentro del hogar, porque no es fácil estar pendiente de la lucha, entender que esta lucha nos dignifica a todos, que no podemos regalar nuestro sueldo ni permitirle al empresariado que mire para otro lado”.

Mientras tanto, para sostenerse económicamente formaron un fondo de huelga, “que ayudó a que entre algo de dinero a las familias que están sin cobrar el sueldo, que son 56”. “Hemos recibido donaciones de alimentos, tratamos de gestionar bolsones con la municipalidad y algunas organizaciones han acercado comida”.

“Si bien ahora hemos formado un comité de lucha, uno tiene que seguir sosteniendo a los compañeros que se caen y que moralmente se van para abajo porque están cansados, porque es una lucha que agota. Pero es cuestión de constancia”, sentencia.

Marta Duarte, enfermera

Trabaja hace un año y medio en el Sanatorio, y cuenta cómo fue viviendo el conflicto: “Esto se fue dando de a poco, nos pagaron hasta julio, hace dos meses que no cobramos. Seguimos viniendo a cumplir los horarios de trabajo. Somos muchos, hay oferentes que no quieren tantos y como no quisimos que haya gente afuera, seguimos en la lucha”, señala.

“Esto nos afecta un montón, porque no tenemos subsidio ni nada. Todo lo que hacemos es a pulmón, las chicas salen a repartir, pasan las urnas, se recibe mercadería, se hace de todo pero es un paliativo porque eso no te paga el alquiler ni las cuentas”, expresa con claridad.

Al igual que sus compañeros, está preocupada por la forma de manejarse del gremio y el gobierno: “Están esperando que se produzca ese quiebre, que cada cual busque otra cosa y entonces le dejamos el campo libre. También tenemos prometido de parte de los diputados un subsidio, que estamos esperando”.

Marta recuerda el festival que se realizará el 17 de septiembre en la puerta de la clínica y resalta la labor del delegado: “El domingo a partir del mediodía hacemos un festival, para mantener nuestros puestos de trabajo. El delegado lo único que hace es ir y venir, hacer cosas para bien nuestro, sin importarle su bolsillo. Así fue desde un primer momento, por eso sale ATSA a desmentir que le quisieron pegar. Inventan cosas, porque la deuda que tenía PAMI con Paquez dijeron que era un monto y resulta que era mentira, era el doble”.

“La expectativa es que aparezca un oferente para mantener los puestos de trabajo, pero si no aparece, acá no va a quedar nadie. Y lo feo es que se va a quedar Gálvez sin esta clínica que es muy importante”, lamenta para finalizar.

 

Nota: Francisco Cobelli

Edición: Betiana Spadillero

Fotografías: Fernando Der Meguerditchian