Viernes, 08 Diciembre 2017 19:27

Los trabajadores en la mira

Escrito por  Germán Mangione

En medio de una semana agitada en la discusión sindical, con una gigantesca movilización de gremios rebeldes de la CGT y de los movimientos sociales contra la Reforma Laboral, y el paro de los estatales también contra la reforma y el ajuste, el gobierno redobla la apuesta y amenaza con dar de baja 450 gremios. Lo que se sabe es que el gobierno dará a conocer una resolución para que unos 450 sindicatos regularicen su situación, en un plazo perentorio de 60 días o -de lo contrario- serán excluidos del registro de asociaciones sindicales.

Es claramente parte de uno de los puntos del paquete de reformas laborales que se negoció con la CGT. Un pedido de la central sindical para hacer frente a los gremios que han florecido a la sombra del cansancio de los trabajadores de direcciones sindicales conciliadoras, y que no representan a sus representados, sino que se dedican a montar sus propios negocios en base al sindicalismo.

Según consigna hoy el diario La Nación, el Presidente Mauricio Macri le ordenó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, avanzar en la depuración del padrón gremial; que cuenta con 3.263 organizaciones: 1.640 con personería gremial y 1.623 con simple inscripción.
Esta avanzada sería impensada, sino tuviese el aval de la cúpula de la CGT y el sindicalismo clásico. Pero más allá de servir para contener y quitar legitimad al avance de los sindicatos de orientación combativa y a referentes clasistas y de izquierda, ¿qué esconde esta medida?

Si repasamos la situación de la actividad industrial y los números del empleo, seguramente tendremos las primeras pistas.
El Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior (ODEP) -organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)- realizó un informe en el que compara los registros de 2015 hasta 2017. Se detecta que "los niveles de actividad industrial total del último año se encuentran un 3,2% más abajo que en 2015".

¿Por qué? Principalmente, por la apertura comercial y el ingreso de manufacturas extranjeras, la caída en el consumo. Y consigna que los sectores más afectados fueron la "industria automotriz" (-8,2%) y las "metálicas básicas" (-9.1%).
La caída de la actividad tiene su correlato en el mundo laboral. El informe registra una caída durante 5 trimestres consecutivos, con 62.500 trabajadores menos desde diciembre de 2015. A pesar de que en mayo pasado se registró un rebote en esta actividad.

El Observatorio detectó también un proceso de precarización laboral.
La famosa monotributización del trabajo. Esta se evidencia en la caída de la participación de los asalariados en el empleo industrial, a costa de los cuentapropistas (3,1 p.p.); y, hacia dentro de los asalariados, una caída de la proporción de los registrados (-4.6 p.p.) a expensas de los no registrados (0.8 p.p.). Más monotributistas y más trabajo en negro.

Si a esto le sumamos las intenciones manifestadas públicamente por el gobierno de limitar las paritarias, que se avecinan a solo un 17% en medio de anuncios de aumento de tarifas que superan ampliamente ese porcentaje (como el 38% que aumentará la luz en nuestra provincia), empieza a quedar más claro que lo que le preocupa al gobierno es el conflicto social.
Un conflicto social que tiene en el centro de la escena a los trabajadores. Así lo atestigua la investigación titulada “Detenciones, causas penales y represión de la protesta social”; elaborada por el Observatorio del Derecho Social de la CTA y la organización de derechos humanos Liberpueblo.

En el informe se relevaron las formas de respuesta estatal y de los empleadores a las acciones de protesta social que se han realizado en el país, entre enero de 2016 y marzo de 2017.
Y los datos son contundentes. Se registraron, como mínimo, 186 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones del campo popular. El hecho de mayor frecuencia fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad (51% del total), seguidas por la apertura de causas judiciales contra miembros de organizaciones o manifestantes (26%), y la detención de activistas o manifestantes por parte de la fuerza pública (23%).
¿Pero quiénes han sido los actores sociales principales de la represión estatal? Los trabajadores.

La mayoría de los hechos de represión, detenciones arbitrarias y apertura de causas penales, se dirigieron contra trabajadores (56%). En segundo lugar, se encuentran los integrantes de organizaciones sociales (31%) y en tercer lugar las comunidades de pueblos originarios (8%). Dentro de los hechos contra trabajadores, el 83% de los casos se produjo en el contexto de reclamos salariales y por condiciones laborales (la mitad de ellos correspondientes a trabajadores del sector público); mientras que el 17% restante se debe a demandas por fuentes de trabajo, o por incrementos en las jubilaciones y pensiones.
Con estos datos y el panorama que se prevé en torno a la conflictividad social, las amenazas del gobierno en torno a los representantes sindicales toman otra dimensión.

El gobierno basa su discurso en mostrar a todo el sindicalismo como lo mismo, aprovechando el descrédito de sindicalistas mafiosos como el Pata Medina (UOCRA) o el Caballo Suárez (SOMU), hoy ambos presos por casos de corrupción. Sin embargo, no trata a todos por igual.

La muestra más clara es la relación con la CGT, que tras avalar la Reforma Laboral parece haberse asegurado la continuidad de sus negocios, y ahora la posibilidad de concentrar más poder eliminando gremios nuevos que le surgen como competencia. Pero también puede verse en casos como la Cooperativa Portuaria de Puerto San Martín; cuyo dirigente máximo, Herme Juárez, pasó de ser casi una amenaza a la continuidad de la exportación de cereales a ser el aliado número uno del gobierno en el cordón industrial, tras acordar las condiciones de trabajo y de empresa que exigían el gobierno y las exportadoras.
Para el gobierno, la línea divisoria no parece ser “sindicato mafioso o sindicato legal”, sino entre aquellos que acuerdan con los negocios que impulsa y los que no.

Por eso y para avanzar en esos negocios, es que van quitando protección legal a aquellos contingentes que esta semana se expresaron en el Congreso contra la Reforma Laboral. Los mismos que el próximo 6 de diciembre volverán a las calles.
Aunque parezca un panorama sombrío, con direcciones sindicales entregadas en medio de la avanzada del gobierno y sus socios, como hemos dicho en anteriores columnas, es también un panorama de oportunidades. El descrédito sobre las dirigencias sindicales tradicionales, que concilian y traicionan a la vista de todos a sus representados, también va abriendo el camino a nuevas representaciones. Representaciones nacidas desde las bases y cansadas de que los sindicatos sirvan más a los patrones y los dueños de las empresas, que a los trabajadores.

La historia argentina todavía está por escribirse y como siempre… Depende en gran parte de nosotros.