Jueves, 18 Enero 2018 17:31

Entre el avance extractivo y las resistencias populares

Escrito por  Natalia Navarro

El balance del 2017 deja en evidencia que hubo una profundización del extractivismo. Así lo remarcó, Darío Aranda, columnista de La Brújula de la Semana, en la última emisión de este año. También recuperó las resistencias y las victorias conseguidas por pueblos originarios y organizaciones sociales

El periodista especializado en pueblos originarios y resistencias campesinas realizó un análisis de los hechos que marcaron avances y retrocesos en la lucha contra el modelo  extractivo en el año que pasó.  El ingreso de empresarios del sector en áreas clave de gobierno, el impulso extranjero a las explotaciones mineras,  el intento de  introducir modificaciones en leyes provinciales y la represión al pueblo mapuche, fueron algunas de los hechos en ese sentido.
Pero también, destacó las resistencias de las organizaciones  sociales y los pueblos en diversos puntos del país. El freno a los desalojos campesinos e indígenas y a la modificación inconsulta de la Ley de Bosques, la prohibición del glifosato, el fracking y la megaminería en varias localidades, se erigieron como logros .

El agro atendido por sus propios dueños

Como viene sucediendo desde el gobierno anterior, la gestión de Mauricio Macri ha acentuado las políticas que favorecen a sectores mineros, sojeros y petroleros. Entre estas, se destaca la alianza entre el Ministerio de Agroindustria y Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), de la mano de María Beatriz  “Pilu” Giraudo, referente de esa entidad que en 2016 fue nombrada Coordinadora de Políticas para Desarrollo Sustentable y Plan Belgrano, dentro de la cartera oficial. En esta misma línea, se encuentra el nombramiento de Luis Miguel Etchevere, ex presidente de la Sociedad Rural,  en reemplazo de Ricardo Buryaile, hecho que aparece como “la explicitación del agro atendido por sus propios dueños”, en palabras de Aranda.

A esto se suma la aprobación de nuevos transgénicos comercializados por las multinacionales Monsanto, Pioner, Dow y Singenta,  y el Instituto de Agrobiotecnología Rosario (Indear).  El Indear,  es  un laboratorio de la empresa Bioceres. Nacido de una alianza entre esa firma y el CONICET, se trata un modelo de gestión científica impulsado en la etapa del kirchnerismo que tiene continuidad en el actual gobierno, que combina capital privado con investigadores formados en el ámbito público.

En total, desde la asunción de Cambiemos se ha dado vía libre a la utilización de ocho de estas sustancias. El más reciente es una variedad modificada genéticamente del vegetal cártamo para obtener quimosina bovina de sus semillas, enzima involucrada en la elaboración de quesos. Con lo cual a partir de “ahora en el queso que comamos va haber transgénicos involucrados”, expresó el columnista.

En paralelo a estas medidas, se ha producido el desguace  de la Secretaría de Agricultura Familiar.  Esta área siempre fue minoritaria, dentro de esa cartera, pero “ahora el macrismo la ha hecho desaparecer y dejado  sin financiamiento para los productores familiares, pueblos indígenas y campesinos que eran atendidos”, explicó.

El decreto 302/17, publicado el pasado 2 de mayo en el Boletín Oficial, planteó una redefinición del organigrama del Ministerio. El texto plantea la eliminación oficial de la antigua Secretaría de Agricultura Familiar que pasa a fusionarse con la de Coordinación y Desarrollo Territorial y, de hecho, tiende a desaparecer.

A su vez, en relación a las provincias, en Catamarca se vio una expansión de las inversiones mineras para la explotación de litio, donde la gobernación busca disminuir aún más los impuestos a las empresas que buscan desarrollar sus proyectos en esa zona. En este caso, “el boom del litio” es fuertemente impulsado por capitales chinos y estadounidenses para abastecer a la industria informática de baterías, celulares y también de automóviles eléctricos.

En este contexto, remarcó los dichos del Ministro  de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman al admitir la necesidad de modificar la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques. “Los proyectos de leyes de ordenamiento territorial requieren revisión porque son grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementación, fiscalización y de ejecución eficientes para su fin. Terminan siendo una épica legislativa que se hizo el lobby para que se proclame, y después no tienen ninguna trazabilidad sobre cómo esa ley tiene un impacto real en el cambio de la matriz, del recurso natural y el territorio que queremos preservar”, aseguró en el marco de la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP23), en Bonn, Alemania. En ese sentido, enfatizó Aranda que  “eso no lo dijo un CEO minero, un gerente petrolero, o un productor sojero, sino el propio ministro de ambiente”.

La declaración  a partir de la pregunta de un periodista sobre los lineamientos que trascendieron de la reunión que el presidente Mauricio Macri mantuvo en diciembre del año pasado en la Casa Rosada con el referentes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y otros empresarios mineros, que pidieron “flexibilizar” la Ley de Glaciares para poder explotar en zonas que la actual normativa prohíbe.

Represión, racismo y periodismo

La “impresionante criminalización y represión de los pueblos indígenas en general  y al pueblo mapuche en particular”, también se encuadra en estos avances. En alusión a la represión a manifestantes en el marco de las protestas por la reforma previsional, puso de relieve que “si Gendarmería Nacional reprime así en el Congreso de la Nación, imaginemos qué puede hacer en un ruta en Chubut o en un bosque en Bariloche”.

En este punto destacó los hechos sucedidos en el Pu Lof de Cushamen,  Chubut, donde fue desparecido y luego encontrado sin vida Santiago Maldonado; y  los de Villa Mascardi, Bariloche, donde fue asesinado el joven mapuche Rafael Nahuel en manos del grupo Albatros perteneciente a la Prefectura Nacional.  En este mismo contexto, se enmarcan las detenciones del wichi Agustín Santillán, privado de su libertad por 5 meses en Formosa, “el feudo de Gildo Insfran, que sigue gobernado desde hace 24  años”; y la del lonco mapuche Facundo Jones Huala, preso en Esquel desde hace más de 6 meses.

Por último, remarcó el rol del periodismo comercial en la legitimación de estas medidas, que “no encuentra piso, no hay límites a lo que está haciendo”. En este caso, no solo atribuye esa responsabilidad  a medios sino también a quienes trabajan en ellos: “Hay que mencionar a los periodistas que se prestan para ello, hay que dar nombres propios. Ahí me animo a nombrar Silvia Mercado y Martín Di Natale de Infobae, a Claudio Andrade y Gonzalo Sánchez de Clarín, y a Loreley Gafoglio de La Nación. Me parece que al leer sus crónicas, claramente están tergiversando la realidad y de distintas maneras legitimando las represiones. Nosotros como trabajadores de prensa tenemos que empezar a diferenciarnos de personas que avalan eso. Así como la dictadura tuvo sus colaboracionistas, creo que en este momento, puntualmente sobre el pueblo mapuche, hay periodistas que  están haciendo lo mismo”.  

En este punto agregó que no solo se trata de una especie de “obediencia debida”, sino también una actitud de “ponerse la camiseta”. “Ningún jefe te pide tanto, siempre tenés el derecho y el deber de decir que no”, sentenció. Por otra parte,  citando  a Isabel Huala -la mamá de Facundo-,  señaló que hay una cuota importante de racismo, cuando una “buena parte de la sociedad argentina acepta que haya un indígena de rodillas pidiendo limosna, pero no acepta cuando un indígena se para y exige derechos. Ahí pasa a ser terrorista”.

Mapeando las resistencias. Frenos a  los desalojos, el fracking, el desmonte y el glifosato

A pesar del avance extractivo y la enorme represión, en el transcurso de 2017 se registraron diferentes luchas que resistieron sobre algunas de estas políticas.

En primer lugar la prórroga de la Ley 26160 de Emergencia Territorial, sancionada en 2006 que dispone” la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de cuatros  años”.  Las dificultades y las dilaciones para el registro y empadronamiento de esas poblaciones dispuso sucesivas prorrogas para evitar  desalojos de territorios indígenas y campesinos. “El macrismo la quería dejar caer”, explicó el periodista, pero por la presión de organismos de DDHH y organizaciones de pueblos originarios y campesinos fue puesta en vigencia por cuatro años más. En el marco de dicha ley, “cerraron filas distintos sectores (algunos convencidos, otros por conveniencia) pero que finalmente lograron que en el Senado salga por unanimidad”.

En el plano de las legislaciones federales,  destacó que en Córdoba,  el ejecutivo impulsó una reforma de la Ley de Bosques regresiva, en un territorio que solo conserva el 3% de ese bioma respecto a los últimos ochenta años, y que fue impedida por la movilización popular. El proyecto enviado por Unión por Córdoba ya perdió estado parlamentario en la legislatura de esa provincia, luego de que numerosas marchas denunciaran el carácter inconsulto de dicha medida. La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo aún exige el tratamiento de un nuevo proyecto que garantice la participación ciudadana y presentó ante la justicia una acción colectiva para que la normativa se actualice de acuerdo a los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. En ese sentido, remarcó que “no hay recuerdo de algo tan masivo” en esa provincia, pues  se trataron de al menos tres movilizaciones multitudinarias que albergaron a más de 15 mil personas.

En la misma línea, en Rosario se prohibió la utilización del glifosato. La ordenanza que dispone esa medida,  había sido sancionada en noviembre por todos los bloques del Concejo y, luego del intento de dar marcha atrás con la misma por presión de sectores del agronegocio, se sostuvo por la presión de las organizaciones sociales y vecinos autoconvocados.

Además, agregó que en Jujuy hubo una marcha encabezada por el pueblo Coya en defensa del agua, en contra de la megaminería.  Asimismo, hubo prohibiciones al fracking en Entre Ríos y Santa Fe. También, en Río Negro se frenó la instalación de una central nuclear, muy cuestionada por ser producto de un acuerdo entre el gobierno nacional y capitales chinos, pero “la resistencia en las calles logró que el gobierno de Río Negro afirme que en ese territorio no se va instalar ese proyecto”.