Miércoles, 27 Diciembre 2017 11:54

El fin de la neutralidad en la red (o la llegada de la internet para ricos y la internet para pobres)

Escrito por  Germán Mangione

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos anunció a mediados de diciembre que daba de baja la resolución que permitía que internet fuese considerado un servicio público y, por lo tanto, de libre e igual acceso para todos los ciudadanos. La norma  cae de la mano de la administración Trump y estaba vigente desde 2015, cuando fue impulsada por el gobierno de Obama. ¿Cuales son sus consecuencias? ¿Como nos puede afectar?

Pero, ¿qué implica concretamente este cambio de regulación? No tiene que ver de manera directa con cuestiones vinculadas a la privacidad, uno de los nudos de debate sobre la legislación acerca de la red. En este caso le da “libertad” a las empresas de telecomunicaciones proveedoras de internet, es decir las que generan la infraestructura brindando el servicio,  para definir velocidades diferentes para diversos tipos de clientes o para bloquear contenidos sin necesidad de recurrir a la justicia.

Desde 2015,  cuando se definió la neutralidad de la red, la ley ahora desechada por Trump expresaba que todo contenido debe ser tratado y facturado de la misma forma, independientemente del tipo de información que encierre, de quién lo envíe y de a dónde se dirija, así como del horario en el que se transmitan los datos. Las empresas de telecomunicaciones no podían bloquear contenidos, hacer que fluyan más lento o privilegiar algún servicio por sobre otro.

Las firmas que suministran el servicio tendrán, a partir de ahora, la libertad de aplicar  nuevos precios, priorizar o bloquear contenido sin tener que rendir cuentas. Pueden, por ejemplo, mejorar la conexión a grandes empresas como Netflix, Google y otras que seguramente podrán pagar más para poder brindar prestaciones de mejor calidad.

Las consecuencias directas

Uno de los primeros efectos previstos de esta nueva legislación será el encarecimiento  general de los servicios de empresas que utilizan internet,  más allá de que su ámbito de creación sea estadounidense. Si Netflix, por ejemplo, tiene que pagar más por el uso de la red, ese aumento de costos se trasladará a sus usuarios a lo largo y ancho del planeta. Así sucederá con el resto de las empresas que en su mayoría tienen base en EEUU (Amazon, Google, entre otros).
Por otro lado,  es de esperar que se concentre  la producción de contenidos y de servicios brindados, reduciendo las opciones gratuitas. Estas se verán obligadas a pagar más para ofrecer las mismas utilidades que las grandes empresas, con el riesgo de  ir deteriorándose y desapareciendo al ser inviables económicamente.

En este sentido, se prevé que se atente también contra la innovación, ya que una “libertad” asentada en el mercado hará más difícil la llegada de nuevas empresas, las  llamadas startups, que hasta hoy tenían cierta igualdad económica,  al menos en lo referido al servicio de internet que utilizaban.

Otra de las consecuencias, quizás una de las más preocupantes, es la habilitación de la posibilidad lisa y llana de censura. Con la norma anterior, las compañías estaban obligadas a mantener en sus servidores cualquier página, independientemente de que estuvieran a favor o contra de sus contenidos, teniendo que pasar por la justicia para determinar la posibilidad de darla de baja ante alguna consideración de  contenido inapropiado. Ahora esa decisión estará en mano de las corporaciones.

Pero esta nueva legislación podría trascender las fronteras de EEUU. En el marco de la doctrina impulsada por Trump de “América para los americanos”, que privilegia a las empresas locales por encima de las extranjeras, es previsible que pueda verse resentido el servicio que desde los servidores estadounidenses se brinda a empresas extranjeras que quieren llegar al mercado yanqui. Podrían, en ese caso, cobrarle una tarifa superior para tener el mismo servicio de una empresa local. Es decir, una especie de impuesto aduanero de internet.

Los empresarios en el poder

Al igual que sucede en muchos países en la actualidad, muchos de los funcionarios estatales tienen relación directa con las empresas que deben regular. Es el caso del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission –FCC-), encargada de dar de baja la “neutralidad” de la red.

Estamos hablando Ajit Varadaraj Pai, funcionario de origen indio. Luego de ocupar varios puestos dentro  del Poder  Judicial de EE.UU, primero como asistente de un juez de distrito en Luisiana y luego en la División Antimonopolio del Departamento de Justicia como abogado en prácticas, abandonó la administración pública en el 2001. De allí pasó al Departamento Legal de la empresa Verizon, uno de los tres gigantes de las telecomunicaciones de EEUU beneficiados directamente con la última decisión de Ajit, para volver nuevamente este año de la mano de Trump al área estatal.

Por si quedara alguna duda sobre su orientación, en su perfil en la página de la FCC  Ajit Pai afirma que “los consumidores se benefician más de la competencia que de la regulación preventiva. Los mercados libres han aportado más valor a los consumidores estadounidenses que los altamente regulados”.

Peleas monopólicas por las ganancias

El porqué de esta medida hay que buscarla directamente en la disputa empresarial por las ganancias generadas por internet. Los operadores de telecomunicaciones reclaman una tajada de los ingresos que están generando las grandes empresas de entretenimientos y servicios que utilizan como base para su negocio a la red. El ejemplo más claro es el de Netflix, una de las plataformas de entretenimiento que más ha crecido en el mundo y que llega a competir incluso en el mercado de los cableoperadores en todo el mundo.

La lógica de las empresas de telecomunicaciones tiene que ver con recibir parte de esa rentabilidad también, más allá de lo que pagan todos por el uso de su infraestructura. Ahora podrán discriminar y llegar a acuerdos preferentes en el uso de las redes con  proveedoras de servicios y contenidos de internet que hagan un uso intensivo de las mismas y así participar de las ganancias.

Salvando las distancias, algo similar  sucede con la disputa que las empresas de modificación genética de semillas tienen hoy con los productores agropecuarios, a los que además de exigirles que paguen por la semilla (infraestructura) pretenden cobrarles  un diferencial por lo que esa semilla produjo.

La internet de clases

Está claro que, desde el momento en que  se concibe como una estructura basada en las grandes empresas multinacionales y con Estados Unidos como centro neurálgico,  internet nunca fue en sí misma la cuna de la democracia ni de la igualación de oportunidades, como muchos pregonan.

Sin embargo, en este marco, la actual modificación representa un retroceso con respecto a la legislación que se encontraba vigente desde hace dos años. En línea con las reformas liberales que podemos ver en el resto del mundo, y que en la Argentina tiene claros exponentes a través de las reformas al sistema educativo y el de salud, lo que se impulsa es la división en servicios para pobres y servicios para ricos. Servicios diferenciados en torno a la capacidad de pago. Hasta ahora esa diferencia estaba entre quienes podían  acceder al servicio de internet y quienes no. Con esto se avanza un escalón más.  

Mientras tanto, en nuestro país en estos días se dio a conocer la decisión gubernamental de permitir la fusión de Cablevision y Fibertel, la más grande de nuestra historia en torno a empresas de telecomunicaciones. Un monopolio aún más concentrado que en la actualidad, que definirá  gran parte de los servicios de internet  en estas latitudes.  En este escenario cabe preguntarse ¿por qué no avanzarían en una regulación como la impuesta en EEUU por las empresas de telecomunicaciones?