Martes, 05 Julio 2016 01:41

Cambios en la ley de tierras: Nos devoran los de afuera

Escrito por  Germán Mangione

Con la publicación esta semana del decreto Nº 820/216 en el Boletín Oficial, el macrismo flexibilizó la Ley Nº 26.737 y el Decreto Nº 274 que la reglamenta, conocida como Ley de Tierras, que restringía la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La modificación brinda la posibilidad de acceso a más sociedades extranjeras y deja abierta la puerta de la compra de tierras con cursos de agua incluidos.

Cambios de Cambiemos

El decreto firmado por Mauricio Macri, tiene como principal objetivo ampliar el abanico de posibilidades para que firmas extranjeras puedan adquirir tierras en el país o como prefiere definir el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, “busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en la reglamentación de 2012”

De esta manera, uno de los nudos centrales es la modificación establecida esta semana es sobre la definición de qué se considera como titular extranjero. En la ley de 2012 se consideraba sociedad extranjera las que tuviesen "un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%) de las acciones en manos de extranjeros", ese porcentaje se elevó ahora a "más del 51% del capital social de una persona jurídica”.
Este cambio habilitará a una gran cantidad de empresas y sociedades controladas por extranjeros a poder participar del negocio de la tierra, que hasta ahora se les era vedado.

Pero por si no alcanzase y a alguna sociedad no le dieran los números, también se facilita el mecanismo de readecuación. En el nuevo texto se fijan mecanismo que brindan la posibilidad de “readecuarse” sin ningún tipo de sanción dentro de los 90 días, en caso de ser denunciado. Corriendo el riesgo que como en otras nomas como la Ley de Medios, se produzcan falsas transferencias o reacomodamientos societarios que den lugar a la participación de testaferros, pero sin modificar la propiedad.

Pero por si a los empresarios extranjeros no se les ocurre la idea, en el mismo artículo 6 del decreto del macrismo se “explica” bajo el ítem “No deberá solicitarse certificado de habilitación en los siguientes supuestos”, como instrumentar las inversiones para quedar trabados por la ley.

Otra de las modificaciones centrales de la norma tiene que ver con la cantidad de hectáreas que pueden venderse a extranjeros según la zona. En la ley 26.737 se estipulaba un límite de hasta 1000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo (que es la más productiva y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe).

Hasta ahora fijar estas equivalencias era potestad de las provincias, que como la nuestra algunas ya lo fijaron . Sin embargo varias provincias no han reglamentado esas equivalencias. Con la nueva norma el gobierno intima a las provincias a hacerlo en los próximos 30 días o caso contrario el Consejo Interministerial de Tierras Rurales "fijará las equivalencias".

La importancia de que esto lo lleven a cabo las provincias reside en que definiciones como “zona núcleo” suelen ser difusas y varían los criterios según la topografía, la historia económica y los cambios productivos en cada provincia.

Por ejemplo en Santa Fe, en el decreto 3873 firmado en 2014 se establece el límite de 100 hectáreas en departamentos como Belgrano, San Martín, Iriondo, Rosario, San Jeronimo, Constitucion, San Lorenzo, Caseros y Gral Lopez por ser zonas hortícolas y cañeras, protegiendo de esta manera del acaparamiento de tierras las zonas vinculadas a la agricultura familiar y que según la administración provincial “generan gran cantidad de mano de obra local”.

Además se definió en el decreto reciente que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en "Zona Industrial", "Área Industrial" o "Parque Industrial", ya que se indica que "dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados" en la Ley de Tierras Rurales.

Otra de las modificaciones preocupantes es la que refiere a cursos de agua. En la reciente la modificación se insta a las provincias a confeccionar un mapa que contenga todos los cursos de agua. Con este registro se podría inhabilitar la compra de tierras que cuenten con esos recursos hídricos, lo que a primera vista es una buena noticia. Sin embargo el planteo cobra vigencia recién a partir de que las provincias entreguen el estudio, dejando hasta ese momento abierta la posibilidad de compra de esas tierras solo presentando una nota confeccionada por un "profesional idóneo en la materia" y obliga a las autoridades provinciales a emitir un dictamen dentro de los diez días hábiles siguientes, caso contrario, la compra queda "autorizada".

El mapa actual de la extranjerización

Según el cálculo realizado el año pasado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), gracias a la flexibilidad de la norma dictada por el kirchnerismo en 2012 en el país todavía quedan unas 24 millones de hectáreas que podrían ser adquiridas por capitales foráneos.

La Ley impulsada por Cristina Fernández de Kirchner en 2012 explicitaba que las "tierras rurales extranjerizadas" no podían superar el 15% de la superficie nacional. A partir de la creación del órgano de aplicación y control de la ley, el Registro nacional de Tierras Rurales, se realizó un relevamiento (cuestionado por lo poco exigente) que llegó a la conclusión que solo el 5,93% de las tierras rurales pertenecían a extranjeros. Este anuncio evidencio que la anterior norma dejaba más del 9% del territorio rural en condición legal de pasar a manos de extranjeros.

Es en base a ese cálculo que el estudio de la CAIR determino que estaba disponible la superficie de 24 millones de hectáreas, una superficie apenas menor a las 28.3 millones que la que en la campaña 2015/2016 se sembró con maíz, soja y trigo en el país.

Según el relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales en nuestra provincia se declararon 136.862,17 hectáreas extranjerizadas, que se concentran principalmente en los departamentos de General López, Garay y 9 de Julio, que están en el rango de entre las 20.200 y las 38.500 hectáreas en manos de extranjeros. En el siguiente escalón, que abarca entre las 14.500 y 20.200 hectáreas en manos de ciudadanos o sociedades de otros países, se encuentran los departamentos de Vera y San Javier. Y en tercer lugar, entre las 7500 y 14.500 hectáreas, se ubican los departamentos de San Justo, Belgrano, San Lorenzo y Rosario.

Voces críticas.

Una de las primeras entidades en criticar la medida fue la federación Agraria, quien desarrollo durante muchos años campañas orientadas a denunciar el avance de la extranjerización de la tierra y sus consecuencias concentradoras y especulativas.
Con mensajes desde su cuenta de Twitter y un comunicado oficial, la entidad señaló: “Una semana antes del Bicentenario de la Independencia, el peor homenaje a nuestros próceres es el de entregar los recursos naturales y favorecer la concentración”.

En el comunicado oficial el secretario Gremial FAA, Orlando Marino dijo: “Acá pareciera que quieren poner un cartel de remate a nuestras tierras, con los productores adentro. Necesitamos políticas públicas que promuevan el desarrollo rural, las economías regionales, los pueblos del interior. En lugar de eso, nos encontramos con un Decreto que el propio gobierno presenta como facilitador de las inversiones externas y de la expansión del negocio agroindustrial. Venimos denunciando hace tiempo que el modelo de los agronegocios no es el de los pequeños y medianos productores. Una semana antes del Bicentenario de la Independencia, el peor homenaje a nuestros próceres es el de entregar los recursos naturales y favorecer la concentración”.

Una posición similar, en la conceptualización de la tierra como un bien social con importancia por encima de lo comercial había tenido Coninagro en 2009, en pleno debate post conflicto agrario en la voz de Roberto Cerutti, hoy director de la entidad en Santa Fe, quien planteaba por entonces “Yo soy ardiente defensor de la propiedad privada, pero la tierra no es una propiedad cualquiera, sino que requiere un tratamiento muy especial. No puede ser que en la Argentina haya pasado a ser la mejor forma de blanquear dinero de origen non santo”. En territorio santafesino, dijo el dirigente, “aparecen compradores que nunca han sido productores; y son los que han levantado el valor de la tierra”, situación que consideró perjudicial para el productor “porque cuando la tierra tiene un valor elevado se necesita mucho capital y entonces su ecuación económica se desmejora”.

Por su parte el ministro de la Producción de Santa Fe Luis Contigiani, expreso a medios porteños que cree que la norma no es una buena señal porque "es una señal en favor de que crezca la participación de la compra extranjera de la tierra con un bien que es estratégico. Esto es negativo".
Aclaró que el tema está en estudio en su gabinete y que la semana próxima se reunirán para ver qué hacer con este decreto.

La discusión es regional. Paraguay y el mal ejemplo.

El debate por la limitación a la posibilidad de que los extranjeros compren tierras no es sólo Argentina, sino que en todas las regiones del mundo donde la agricultura tiene un papel económico fundamental, se ha puesto en debate.

En estos últimos años en nuestra región varios países han legislado en el sentido de proteger la propiedad de la tierra en el marco de una discusión sobre la misma como un bien social, estratégico y de soberanía nacional.

En Bolivia por ejemplo, los extranjeros no pueden adquirir tierras estatales, pero pueden adquirir tierras privadas. Brasil promulgó en 2010 el límite de las ventas de tierras agrícolas a los extranjeros a “50 módulos”, aproximadamente 5 mil ha. Por su parte se enfocó en prohibir la venta de tierras agrícolas a gobiernos extranjeros o consorcios vinculados a los mismos.

Sin embargo en el caso de las modificaciones propuestas por el macrismo, el (mal) ejemplo a seguir parece haber sido Paraguay que por estos años se ha trasformado en “la meca” de los inversores agrícolas extranjeros. Y no es para menos, con una política que comenzó antes pero que se profundizo con la destitución del presidente Lugo en 2012, la hermana nación es una de las que menos impuestos cobra a la radicación y desarrollo de explotaciones agropecuarias.

Como promociona la empresa Latam Farm  dedicada a la venta de tierras para su mejoramiento y posterior puesta en valor “dentro de las opciones para invertir en agro en América del Sur, Paraguay está teniendo un crecimiento cada vez más grande”, como explica Fernando García koch, su director y gerente del Banco Finansud (conocido aquí por tener de socio mayoritario a Cristóbal López, con quien tras los escándalos de corrupción se disputan la dirección de la entidad)

Koch explica que “Paraguay no tiene restricciones para los extranjeros que quieren invertir en el país; no hay límites en cuanto a la tenencia de tierras –salvo que sean linderas a fronteras– y la carga es impositiva es igual que para los locales”, lo que según el empresario agrícola (quien comenzó a incursionar en las tierras paraguayas en enero de este año) ha provocado que la venta de tierras a extranjeros este creciendo, sobre todo en lo que respecta a brasileros, argentinos y uruguayos, “aunque la llegada de europeos también se está convirtiendo en un fenómeno importante”, afirma en una entrevista a la revista económica Apertura.

El negocio que impulsa el consorcio argentino es básicamente comprar hectáreas de tierra a un precio conveniente para desarrollarlas y luego venderlas a valores de mercado acorde a los nuevos niveles productivos adquiridos.

Esto ha llevado al aumenta el precio de la tierra lo que redunda también en ir limitando el acceso a pequeños y medianos productores y campesinos, imposibilitados de competir frente a los aumentos que “de la mano del mercado” empuja la especulación inmobiliaria.

El problema de los arrendamientos.

No son pocas las voces de preocupación ante los cambios propuestos por el macrismo que seguramente abrirán las puertas profundizar la extranjerización de la tierra que avanzó sin pausa durante estos años.

Sin embargo, si al problema productivo y de soberanía nos referimos en el agro, también se debe alertar sobre la necesidad de discutir la cuestión de los arrendamientos, unos de los principales mecanismos con los que hoy los extranjeros explotan tierras en otros países y que ni en la norma de 2012, ni en estas modificaciones aparecen planteados.